Artículo publicado el 18 de enero del 2022 por Animal Político, ver artículo original.
A unos minutos del aeropuerto de Tepic, la capital de Nayarit, hay un cañaveral con suelo pantanoso. Ahí se localizó una fosa clandestina con 21 cuerpos, a casi cuatro metros de profundidad, todos debidamente acomodados y con cal. Detengámonos aquí. ¿Cómo es posible hacer una fosa de este tamaño en un sembradío, usando una retroexcavadora y a plena luz del día sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuánto tiempo y tranquilidad se tiene que tener para poder colocar tantos cuerpos de manera ordenada, y otros más a unos cuantos metros?
¿Cuánta impunidad tiene que haber? Toda. Esto lo saben las familias nayaritas que buscan a sus desaparecidos desde 2017. ¿Ante quién podían denunciar si eran las propias autoridades ministeriales y policiales, junto con delincuencia organizada, las que desaparecían a sus hijos? ¿Cómo acudir al gobernador si estaba implicado? ¿Cómo es que el perpetrador se iba a investigar a sí mismo?
El análisis de contexto realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda, con información de la fiscalía estatal y testimonios de familiares y sobrevivientes 1, ha permitido confirmar parcialmente la hipótesis de desaparición que guió su análisis y establecer hipótesis de localización sobre otros sitios de búsqueda de personas que fueron desaparecidas durante una limpia de plaza en un entramado en que estaban coludidos carteles de droga, altas autoridades estatales –incluidos el gobernador Sandoval, el fiscal Veytia, y diversos funcionarios públicos de la fiscalía, la policía y el poder judicial-, así como una élite económica. Las desapariciones se realizaron por grupos conformados por policías o personal de la fiscalía, o por miembros de carteles coludidos con ellos. Sin embargo, las desapariciones no fueron los únicos crímenes cometidos: tienen una correlación directa con homicidios, y según otras fuentes, con extorsiones y otros delitos contra ejidatarios y pequeños propietarios. Otro hallazgo fundamental es que parte de la estructura de la fiscalía podría seguir operando.
Las investigaciones ministeriales estatales y federales han tenido casi nulos avances. Según la información con la que se cuenta, muy pocos autores materiales han sido detenidos y, de los autores intelectuales detenidos en Estados Unidos, poco o nada se sabe sobre sus procesos por desaparición forzada. Se desconoce si existe una investigación sobre la red de macrocriminalidad responsable de los crímenes y que permitió su operación.
“La cadena se rompe por el eslabón más débil”, reza el dicho popular. Y así suele ser en las investigaciones. En México existe un 98% de impunidad en general, y es aún más alto cuando de desapariciones se trata. Las casi inexistentes sentencias en materia de desaparición forzada se dirigen a mandos medios y bajos; no se investiga a los autores intelectuales. Las investigaciones por desaparición por particulares, por secuestro y por trata, no tienen mucho mejor destino. Con suerte existen algunos autores materiales investigados y juzgados. Parecería que lo que importa es, en el mejor de los casos, saber quién lo hizo –materialmente hablando– y no quién lo ordenó, o qué estructura permitió la desaparición. Mucho menos parecería importar, desde la investigación, qué pasó con la persona desaparecida y dónde está.
Por esa razón, la Ley General en Materia de Desaparición prevé las unidades de contexto tanto para las fiscalías como para las comisiones de búsqueda para, por un lado, dar con los perpetradores materiales e intelectuales, entender el modus operandi y las estructuras delictivas, y por otro lado, para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
La historia nos muestra la importancia de los análisis de contexto. Cuando cientos de mujeres fueron víctimas de distintos tipos de violencia sexual en los conflictos armados en Guatemala, Perú o Colombia probablemente no imaginaban que “su caso” fuera a tener justicia; tampoco las comunidades desplazadas por las violencias. Probablemente tampoco lo creyeron las mujeres que dieron a luz mientras estuvieron detenidas-desaparecidas en Argentinal, ni las niñas y niños raptados en El Salvador. Ni los desaparecidos en todos estos países.
Sin embargo, la verdad y la justicia ha llegado en muchos de estos casos. ¿Cómo? Primero, y sin lugar a dudas, por la lucha de los familiares y sobrevivientes. Luego, entendiendo desde el Estado que ninguno de estos hechos son aislados, ni pudieron suceder sin una estructura que lo permitiera o que colaborara para lograrlo. Finalmente, teniendo instituciones sólidas que garantizaran investigaciones serias y efectivas, con un poder judicial fuerte y, en muchas ocasiones, con fiscales o ministros especiales que concentraban casos y que estaban a cargo de un aparato investigador.
Lo que sucede en México en materia de desaparición no puede entenderse de manera aislada; no con casi 97 mil personas reportadas oficialmente como desaparecidas –más de 95 mil desde 2007. El caso de Nayarit no es único, como tampoco lo son, con las diferencias guardadas en tiempo, lugar y nivel de involucramiento de los diferentes actores, los casos de Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y otros más, en donde las estructuras institucionales –la mayoría de ellas, municipales y estatales– perpetraron o permitieron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Y en algunos casos sigue sucediendo.
Los análisis de contexto deben y pueden incidir en la verdad y la justicia. En Argentina se crearon las megacausas que condenaron a los más altos mandos militares y civiles –incluidos policías y jueces– por desapariciones forzadas. En Guatemala y Perú, dos expresidentes han sido condenados por la justicia nacional por graves violaciones a los derechos humanos –desapariciones incluidas. En Italia se logró detener y juzgar a los mayores capos de la mafia responsables de múltiples crímenes, al igual que en Guatemala a líderes de cárteles, y Perú ha condenado a jefes de grupos armados. En Colombia se han avanzado importantes procesos por desaparición forzada. Nada de eso hubiera sucedido sin entender la complejidad de las redes que permitieron que dichas violaciones graves a derechos humanos se cometieran y sin instituciones fuertes que asumieran su obligación histórica de investigar y juzgar a los responsables, y a exponer esas redes que van a más allá de un perpetrador. Ahí, y en otros procesos de verdad, es donde la justicia en México tendría que mirar.
Hace unas semanas conocí en Nayarit a una mujer que busca a su hijo, dos sobrinos, su hermana y su sobrina nieta. Por miedo, solo ha denunciado la desaparición del primero. Preguntó si el informe ayudará a encontrarles y a avanzar en las investigaciones.
Eventualmente, los análisis de contexto impactarán –porque deben hacerlo– en la verdad y en la justicia. Para ello necesitamos urgentemente, como hemos insistido y reiteramos ante el Comité contra las Desapariciones de la ONU, un replanteamiento del sistema de justicia tal como lo conocemos, y que las diferentes autoridades del Estado –y no solo algunas– asuman su responsabilidad y sus obligaciones. Esto impactará no solo en las personas desaparecidas y sus familias, sino en una sociedad que tiene el derecho a conocer la verdad, asirla y exigir respuestas.
