Artículo publicado el 12 de abril del 2021 por Grupo MILENIO, ver artículo original.
Durante la década de los 80, Guatemala vivió un genocidio en el que el pueblo maya fue víctima de cientos de masacres, a través de lo que se conoció como la política de tierra rasada, y donde miles de personas fueron desaparecidas por ser concebidas como contrarias al régimen. Años después, la memoria y la lucha de las y los sobrevivientes, acompañados de defensorxs de derechos humanos, fiscales, juezas y jueces, científicos forenses, organizaciones nacionales e internacionales, lograron avanzar procesos de verdad y justicia. Uno de los pasos fundamentales en el proceso de verdad fue dejar que la tierra —y lo que ella albergaba— hablara. Así, se abrieron las fosas donde estaban los cuerpos de las masacres, se abrieron fosas comunes —como la Verbena— en los panteones, para buscar personas desaparecidas, y se empezaron a encontrar fosas clandestinas principalmente en cuarteles militares. ¿Cómo saber quiénes se encontraban ahí? La memoria y la ciencia con enfoque masivo han dado las respuestas.
En México, al 11 de abril de 2021, existen más de 87 mil 700 personas reportadas como desaparecidas; esta es la cifra oficial, aunque se sabe que muchas personas no denuncian o reportan una desaparición por miedo o por desconfianza en las autoridades. Si bien el principio es la búsqueda en vida, la realidad nos ha mostrado que muchas de las personas que buscamos pueden estar sin ella. En ese supuesto, la obligación es identificarles y regresarles dignamente con su familia. Existen decenas de miles de cuerpos sin identificar en todo el país. Todos los días —y esta afirmación es literal— hay hallazgos de cuerpos. ¿Dónde van? ¿Quiénes hacen las autopsias y quiénes toman las muestras? ¿Quién y cómo toman muestras genéticas a las y los familiares de personas desaparecidas? ¿Dónde se guarda esta información? ¿Cómo se comparte la información entre los estados?
Las familias de las personas desaparecidas, por años, no solo han buscado a sus familiares en vida y en fosas clandestinas, sino también en los servicios e institutos médicos forenses —que pertenecen, en su mayoría a las fiscalías—, buscan en libros, entran a morgues. Han dado su muestra genética indistintamente a autoridades locales o federales, sin que en la mayoría de los casos sepan siquiera si su muestra fue procesada, si se encuentra en algún sistema y sin tener, incluso, acceso a la misma. Además, casi ninguna fiscalía toma muestra genética de familiares si no han presentado una denuncia, con lo cual, muchas personas con un familiar desaparecido/a no han podido entregar su información genética. Los cuerpos no identificados que llegan a las instituciones —tanto de las fiscalías y tribunales, como, por ejemplo, los que son enviados a las universidades— son inhumados mayormente en fosas comunes de los panteones municipales.
El proyecto de Coahuila puede ser la caja de resonancia que permita amplificar la voz de las personas desaparecidas que pueden estar sin vida, algo que deberá venir necesariamente acompañado de otras medidas de justicia y reparación.
¿Qué se necesita para combatir esta crisis forense? Dar respuestas institucionales —tanto desde lo ordinario como de lo extraordinario— a una situación que dista mucho de estar controlada y sistematizada.
La situación de la información forense requiere un proceso de análisis con el objetivo de estandarizarla y articularla para que sea útil. Asimismo, es necesario establecer los procedimientos técnicos en donde todas las disciplinas forenses que se involucran en la investigación con fines de identificación tengan una lógica secuencia de análisis e interpretación de información, ya que solo así se podrá potencializar las probabilidades de identificación.
Para ello, la respuesta no solo es económica —como se pretende limitar la discusión—, sino que se trata de abordar el problema desde otra metodología. Por ello, no solo es fundamental tener una base de datos genética, tal como lo prevé ya la Ley General en Materia de Desaparición, que en dicha ley le atribuye a la Fiscalía General de la República como obligación. Si bien la información de la base de datos es fundamental, es igualmente importante la metodología con la que se toman las muestras —tanto de cuerpos como de familiares—, el seguimiento y la información que se debe proporcionar a las familias, así como el entendimiento de que no todas las personas se acercan a levantar una denuncia y que eso no debería excluirlos de su derecho a identificar a su familiar desaparecido/a. Hasta ahora, eso, de manera integral, no existe a escala nacional.
En Coahuila, sin embargo, en un esfuerzo conjunto entre las comisiones de búsqueda nacional y estatal, la fiscalía estatal, el gobierno del estado y el federal, y con el impulso y acompañamiento de las familias, se está llevando a cabo por primera vez un proyecto de identificación con enfoque masivo —como el que se hizo en Guatemala— en el primer Centro de Identificación Humana dedicado exclusivamente a la búsqueda de identificación de personas desaparecidas —único en su tipo en América Latina. Para ello se creó una base de datos genética que hará cruces masivos entre todos los cuerpos que se encuentran en las fosas comunes y las familias, no solo de Coahuila, sino de los estados aledaños, sin importar si existe o no denuncia sobre la desaparición y con el debido seguimiento e información a las familias. En Coahuila se están, además, construyendo capacidades locales con esta nueva metodología de análisis forense con trato digno a los cuerpos y a las familias.
El doctor Clyde Snow, fundador de varios equipos forenses en las Américas —como el guatemalteco, el peruano y el argentino— decía que “los huesos son buenos testigos, aunque hablan en voz baja, nunca mienten y nunca olvidan”. En México tenemos mucho que aprender de los procesos masivos de identificación e, incluso, deberíamos estar pensando en tener un sistema o institución que se dedique exclusivamente a escala nacional a esto. Con las familias, organizaciones nacionales e internacionales y autoridades, se ha construido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, pero también el Estado mexicano está obligado a responder con la construcción de una política pública fuerte con capacidades nacionales. El proyecto en Coahuila es la esperanza de ser la caja de resonancia de la voz de las personas desaparecidas que pudieran estar sin vida, dando con ello un paso en el derecho a la verdad, que deberá, necesariamente, venir acompañado de otras medidas de verdad, justicia y reparación.
